Envío. Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, Nicaragua
año 37, número 440, noviembre 2018
Índice
- Preguntas acuciantes al finalizar 2018
- “Hay que evitar a toda costa una guerra civil”
- Ejército de Nicaragua: ¿espectador o cómplice?
- Qué sucedió en la policía bajo el mando de Aminta Granera
- Razones y sentimientos en la insurrección de abril
- El fracaso del proceso bolivariano.
- Preguntas acuciantes al finalizar el año de la rebelión
2018 fue año de “vacas flacas” y si la crisis no comenzara a resolverse pronto, en 2019 las “vacas” estarán escuálidas. Ortega está desprestigiando y cada vez más aislado en la comunidad internacional. En siete meses la represión no ha cesado: primero fueron las armas y la masacre, después las cárceles llenas. El pueblo de Nicaragua ansía que la presión internacional se active más aceleradamente porque cada día que pasa prolonga los desmanes de la dictadura, el desgaste de la economía y de la sociedad. Terminan el año con muchas preguntas apremiantes y sin respuestas y con una incertidumbre que es cada vez mayor
¿Le hará ceder la economía?
¿Podrá la crisis económica hacer ceder a Ortega y sentarlo en la mesa de diálogo a negociar? ¿Y qué negociaría? ¿O serán las sanciones económicas de Whashington, no sólo anunciadas sino comenzadas a aplicar con contundencia, las que lo harán reaccionar? ¿Serán los intereses del Ejército y los de los empresarios del grupo económico del FSLN los que se impondrán sobre la obcecación de Ortega y de Murillo de permanecer en el poder? ¿Será posible que Ortega aguante hasta 2021 en una situación económica en picada, aunque muy debilitada aún no colapsada? ¿No es ésta una posibilidad con la que hay que contar para emprender estrategias más eficaces para apresurar la salida?
Aunque la propaganda oficial busca demostrar la “normalidad” a la que Nicaragua ha egresado, es muy poco lo que está normal en el país. Ciertamente, la mayoría de la población debe sobrevivir y continúa trabajando y eso permite un continuo movimiento, dando una apariencia de normalidad. Pero la inseguridad no ha desaparecido: continua la cacería de quienes se movilizaron contra el régimen o se sospecha que lo hicieron o que lo harán. Y los centenares de miles que han perdido el empleo, que se han visto obligados a salir del país para salvar la vida, que tienen familiares o conocidos asesinados, encarcelados, desaparecidos y amenazados no viven desde hace meses una vida “normal.”
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