Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, GIEI

Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, México, GIEI, 2016 (Click para descargar)

De la Introducción:

El Informe Ayotzinapa II, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, da cuenta del trabajo realizado por el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de la asistencia técnica acordada por el Estado mexicano y los representantes de las víctimas con la CIDH. El GIEI comenzó su trabajo en México el 2 de marzo de 2015.

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Este segundo informe está estructurado en torno a los diferentes puntos del mandato del GIEI. El primer capítulo “Los hechos que se alargan” da cuenta de nuevos hechos sucedidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 que se dan en algunos de los escenarios ya analizados y en otros nuevos, el caso de la salida del autobús de Los Avispones y el ataque en el crucero de Santa Teresa; el bloqueo de la carretera más adelante, a la altura de Mezcala, en un claro intento de controlar la salida de vehículos de Iguala hacia Chilpancingo y atacar posibles objetivos; la movilización esa noche de la policía de Huitzuco hacia diferentes lugares, y su posible participación en los hechos del Palacio de Justicia en Iguala contra los normalistas del autobús 1531, como ya fue sugerida en el primer informe del GIEI, así como el escenario de Santa Teresa; por último, se analiza la información existente sobre el presumible traslado de los normalistas a la Comandancia de Iguala tras su detención.

El segundo capítulo analiza la actuación de diferentes cuerpos de seguridad, entre ellos los miembros del 27 Batallón, la noche del 26 al 27 de septiembre. La actuación de la policía estatal, de la policía federal, de la policía federal ministerial, y de los miembros del 27 Batallón del ejército. Para ello se han analizado las declaraciones dadas por los miembros de dichas corporaciones y se han confrontado con otras declaraciones de testigos, registros de evidencias, del C-4 y los datos existentes sobre su comportamiento durante esa noche. Los datos revelan la ausencia de protección de los normalistas y otras víctimas de esa noche, la realización de visitas a escenas del crimen a veces muy poco tiempo después de los hechos más graves, o cuando estos aún se estaban produciendo, y nuevos datos sobre la participación de agentes, tales como policía federal en un retén a la salida de Iguala o su presencia en la escena del crimen del puente del Palacio de Justicia, donde también estaba presente un agente de inteligencia del ejército. Las diferentes actuaciones se relacionan con la orden de la PGR de investigar los hechos, dada poco después de los primeros ataques. En el caso de los miembros del 27 Batallón, se incluye además de una reconstrucción de hechos y declaraciones, las preguntas que el GIEI considera que se deben responder y que no tuvo oportunidad de realizar por la negativa a llevar acabo alguna de las diferentes opciones planteadas. Todo ello son líneas de investigación que quedan abiertas para esclarecer los hechos y el comportamiento de diferentes actores.

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Si bien todos los elementos anteriores forman parte de la investigación, se incluye un capítulo específico sobre los avances y limitaciones que ha tenido esta en el segundo período del mandato del GIEI. Se analizan las líneas de investigación propuestas por el GIEI y los resultados y problemas que han tenido para desarrollarse, así como los factores que han influido en ello. Se describen los principales problemas y la evolución del propio proceso de investigación, desde la firma del acuerdo de Washington entre el Estado mexicano y el GIEI, el impulso con un nuevo equipo, así como la evolución posterior que a partir de enero de 2016 limitó de forma muy importante las posibilidades de avance. El GIEI informó públicamente de algunos de estos problemas, por lo que puede verse aquí un análisis más profundo de los mismos sobre el proceso de investigación, recogida de pruebas, toma de declaraciones, etc.

La investigación telefónica muestra la presencia, los movimientos a través de las antenas existentes en la zona, y la comunicación entre algunos de los inculpados en los momentos en que se estaban dando los ataques a los normalistas o Los Avispones. El análisis de la telefonía de los normalistas evidenció que algunos de los teléfonos estuvieron activos todavía una horas o días después de lo sucedido. Particular relevancia tiene que uno de los normalistas envió un mensaje a su madre, pidiéndole un recarga telefónica a la 01:16 h de la madrugada, una hora después de cuando según la versión ofi habrían sido asesinados en el basurero de Cocula. Otros teléfonos también permanecieron activos, en algunos otros se cambiaron los chips y siguieron utilizándose. Toda esta información debe ser profundizada en la futura investigación, tanto sobre los presuntos responsables y sobre el destino de los normalistas. Asimismo, se incluye un apartado específico en el que se analizan los avances respecto de la investigación del 5º autobús, señalado por el GIEI como una posible hipótesis del ataque a los normalistas y del operativo llevado a cabo esa noche. Se investigó su posible recorrido, los documentos que prueban lo sucedido y las declaraciones tomadas sobre este caso. También las limitaciones de no haber llevado a cabo la petición de asistencia jurídica internacional al gobierno de EEUU, sino tras varios meses, lo que ha impedido contar con dicha información para este trabajo.

Otros aspectos relevantes de la investigación se recogen en el capítulo de Escenas. Un análisis sobre el proceso de investigación del basurero de Cocula y otro capítulo sobre la escena del río San Juan. Ambos lugares están relacionados con la historia oficial hasta ahora del caso, en la que los normalistas habrían sido asesinados y quemados hasta hacer prácticamente imposible la identificación de sus restos, y posteriormente arrojados al río San Juan, ya en las inmediaciones del pueblo de Cocula. En el primer apartado se incluye la evolución de dicha hipótesis después de la publicación del informe Ayotzinapa en septiembre de 2015, donde el GIEI señalaba a partir de un peritaje independiente, la imposibilidad de que dicha acción hubiera ocurrido en el tiempo, lugar y circunstancias relatadas por varios inculpados cuyas declaraciones tenían importantes contradicciones entre sí. Luego de que el GIEI presentara su primer informe, surge una quinta versión que señalaría, sin soporte en ninguna declaración, que los normalistas llevados al basurero de Cocula no serían 43, sino un número mucho menor: 17. Se contrastan los resultados del estudio realizado por dos nuevos peritajes, uno del equipo de expertos de fuego creado por acuerdo de colaboración entre la PGR y el GIEI, cuyos resultados provisionales fueron hechos públicos en contra de los criterios acordados y sin haber respondido a las preguntas que se plantearon al panel de expertos. Como es sabido, dicha acción rompió con los criterios de colaboración y consenso establecidos entre la PGR y el GIEI.

En este capítulo se da cuenta del informe provisional presentado, se analiza su contenido a la luz de la evidencia existente, mientras el propio panel reconoció que no pudo dar resultados definitivos debido a que necesitaría hacer otras pruebas y estudios. Como parte de la trasparencia del proceso se incluye una traducción del texto y un análisis realizado por el GIEI. Por otra parte se recogen los resultados del estudio realizado por el EAAF que confirman el estudio y conclusiones realizado por el Dr. Torero y publicado en el primer informe del GIEI sobre la imposibilidad de que dicha quema masiva se hubiera podido hacer el 27 de septiembre de 2015 en dicho escenario y horas.

La segunda escena trata del río San Juan, donde según las autoridades se encontró una bolsa con restos óseos carbonizados y cremados, que corresponderían a restos de los normalistas que habrían sido tirados al río después de la hoguera del basurero, cuando los perpetradores habrían querido hacer desaparecer cualquier resto posible. Se analizan las contradicciones entre la versión que señala que dicha bolsa se habría encontrado el día 29 de octubre a las 8h50 de la mañana, por un grupo de buzos de la Marina. Se muestran fotografías y videos que demuestran que existía actividad desde el día 28 en esa zona del río, y algunas evidencias que no tienen sustento en el expediente. Entre ellas: la presencia en dicho lugar del detenido Agustín García Reyes en el río, custodiado por la Agencia de Investigación Criminal, en el mismo lugar donde al día siguiente se habría encontrado dicha bolsa; la actividad de personal de los servicios periciales en dicha zona, y la recogida de evidencia en dicha zona; la presencia en la carretera cercana del EAAF –peritos de las víctimas– al que no se da cuenta de los trabajos. De ninguna de estas acciones hay sustento legal ni informes en el expediente. Por otra parte, en la propia documentación de la PGR se incluye una fotografía de dicha bolsa que señala en la fecha de la etiqueta de servicios periciales 28 de septiembre de 2014. Y otras evidencias de video de la propia PGR donde se muestran restos óseos. Todo ello pudo documentarse a través de material videográfico y fotografías proporcionadas por periodistas gráficos que estuvieron en el lugar de los hechos. La información ha sido confirmada por el GIEI con varias fuentes. La narrativa oficial sobre los hechos señala en cambio que el hallazgo sería del día 29, fecha en que de nuevo es llevado el inculpado al lugar, esta vez con toda la documentación del proceso en el expediente. A juicio del GIEI esto muestra severas irregularidades, cuando no acciones sin ningún soporte legal que deben ser investigadas en profundidad. Hay que tener en cuenta que en dicha bolsa se encontró un resto óseo que pertenecía a Alexander Mora Venancio, uno de los normalistas desaparecidos.