Oaxaca 2022: reclamos de justicia y paz.
Con el objetivo de promover espacios de análisis e investigación sobre la conflictividad social y sus rasgos principales en el estado, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a través de su Instituto de Investigaciones Sociológicas y su Programa Institucional en Cultura de Paz, viene impulsando desde el pasado 7 de mayo del 2021, la construcción del grupo de trabajo denominado: Espacio para el análisis y actuación ante la conflictividad en Oaxaca. Cultura de Paz.
Este equipo de trabajo está dedicado a establecer líneas y metodología para el abordaje de escenarios en conflictividad en el contexto local desde una propuesta colectiva e interdisciplinaria donde confluyen experiencias de trabajo coordinadas entre la academia y el protagonismo de activistas y defensores/as sociales, que con su trayectoria aportan conocimientos sobre la caracterización de la violencia y la conflictividad ofreciendo con ello herramientas y metodologías de análisis encaminadas a construir enfoques de procesos y espacios de cambio social desde la no-violencia.
Las temáticas que aborda este Espacio son en materia de justicia de género, defensa de la tierra y de los territorios, y la investigación y documentación de conflictos sociales.
Resultado de este intercambio de trabajo, se ofrece el presente documento.
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Según registros de distintos observatorios y de organizaciones de la sociedad civil, en los últimos años la conflictividad social y la violencia han tenido una frecuencia creciente en Oaxaca. Esto se corrobora claramente a través de los datos disponibles sobre protestas sociales, feminicidios y distintas formas de violencia.
Protesta social
Aunque algunos conflictos sociales se dirimen en mesas de negociación, un recurso cada vez más frecuente en Oaxaca es la protesta en calle, aunado a un registro creciente de repertorios de violencia como componente de la conflictividad social. A este respecto llaman particularmente la atención el uso de armas de fuego, las emboscadas, las desapariciones forzadas, los ajusticiamientos, los asesinatos de activistas, entre otros.
Según registros de prensa, los numerosos conflictos agrarios que se observan en el estado muestran reiterados episodios de violencia con uso de armas de fuego.
En este contexto también se registran episodios de autodefensa en poblaciones y ataques a la policía, asociados a climas de violencia latente y de inseguridad.
En el año 2021 Oaxaca ocupó el cuarto lugar a nivel nacional por el número de protestas (LAOMS, 2021). De manera detallada cabe observar que, entre 2012 y 2021, se reportaron 1,513, de la cuales, más del cincuenta por ciento se distribuyeron entre la capital del Estado (37.79%), y los municipios de Juchitán de Zaragoza (14.44%) y Matías Romero (3.26%) (LAOMS).
Demanda de justicia
Un hecho asociado a la protesta social en Oaxaca es la demanda de justicia. Entre 2012 y 2021 el 21.06% de los pliegos petitorios presentados incluyeron esta demanda, lo que hace de la justicia la primera exigencia en la entidad.
Del total de las demandas de justicia, el 29.89% piden eficacia en su impartición y en su procuración, seguidas de la exigencia de libertad para personas detenidas ilegalmente por su actividad política (24.30%). El tercer lugar lo ocupan las demandas contra las desapariciones forzadas con 13.97%, seguido de la exigencia de un alto a los homicidios con 8.66%, 7.26% contra abusos de policías y militares al margen de eventos de protesta, 6.15% contra feminicidios, 2.79% contra actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, 1.96% contra violaciones, abusos y acoso, 1.68% contra extorsiones, secuestros y desapariciones no atribuibles a una autoridad pública, 1.40% contra abusos cometidos contra acusados y detenidos, 0.84% con relación a los grupos de autodefensas, 0.56% contra delitos patrimoniales y 0.28% contra abusos cometidos al interior de los penales. En los tres municipios que concentran más del 50 por ciento de las protestas por temas de justicia, se emplearon repertorios de protesta pacíficos como marchas, bloqueos y paros de labores.
Violencias contra defensores del Territorio y ambientalistas.
Desde el inicio del actual sexenio, por lo menos 102 personas defensoras han sido asesinadas. Estos datos corresponden a activistas reivindicados por una organización social o de derechos humanos. El estado de Oaxaca lidera la dramática lista, con 22 defensores asesinados. El caso más reciente es el de la abogada y defensora de comunidades indígenas Patricia Susana Rivera Reyes en su domicilio en Tijuana, Baja California, crimen que se cometió el 19 de marzo de 2022.
Feminicidios
Un tema que suma a infinidad de mujeres y a familias de víctimas, incluso sin asumirse como feministas, es la violencia de género, cuyos datos son cada vez más inquietantes.
En los últimos tres sexenios, por ejemplo, se tienen registrados 1623 desapariciones forzadas, 513 casos de violencia familiar, 435 delitos sexuales, 108 suicidios, 69 casos de violencia política y 618 feminicidios.[1]
En este contexto, no es extraño que el movimiento feminista siga creciendo en Oaxaca manifestando con ello la inconformidad frente a un Estado al que se considera omiso, negligente y responsable de las graves violaciones a derechos humanos de las mujeres.
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Los crecientes episodios de conflictividad y violencia en Oaxaca se enmarcan en una época de cambios estructurales no planificados, ni consensuados con las poblaciones.
Los territorios y los modos de vida en las distintas regiones están padeciendo los efectos de diferentes megaproyectos “venidos de fuera” e implementados de “arriba abajo”.
Sólo por citar algunos ejemplos, se pueden mencionar 68 proyectos hidroeléctricos, 41 proyectos de minería, 29 parques eólicos y se anuncian dos autopistas más: Tuxtepec -Oaxaca y la que uniría a las costas de Oaxaca y Guerrero, entre otros proyectos como el corredor interoceánico en los que los procesos de consulta pública están ausentes o son anómalos.
Los modelos verticales o de arriba abajo para conducir el cambio social, económico y cultural revela la incapacidad de los órganos y las instituciones estatales para constituirse en espacios de negociación y consulta. Esto significa que imponen a las poblaciones su perspectiva de “desarrollo”.
El hecho de que los cambios promovidos en el estado no se negocien ni se consulten con las poblaciones puede verse a través de la reiterada violación al Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (C-169), que obliga a los estados signatarios a promover consultas públicas dentro de territorios con población indígena.
La violación al derecho a la consulta tiene muchos episodios. Por ejemplo, en Juchitán y en los Valles de Ocotlán, donde respectivamente se planteaban los temas de la instalación de un parque eólico y el acceso de las y los campesinos al agua para el riego de sus sembradíos, se llevaron a cabo todas las “etapas” establecidas en los protocolos elaborados para la consulta, pero ambos procesos presentaron denuncias de irregularidades durante su desarrollo, por lo que hasta ahora no se han validado los resultados de estas consultas.
Otro caso lo ofrece el corredor interoceánico, cuyo proceso de consulta fue motivo de acciones de resistencia por parte de autoridades agrarias y sectores de la población, ya que fueron procesos exprés y limitados solo a algunas autoridades agrarias y municipales de la región; evadiendo así los criterios de la legislación internacional. Casos similares se han observado en los valles de Ejutla y Tlacolula en torno a las concesiones mineras.
La conflictividad y la violencia en Oaxaca se enmarcan también en un contexto de profundas desigualdades con sus brechas sociales y de género; además de la violación a los derechos humanos y la carencia de principios y prácticas democráticas.
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La imposición del cambio ha generado una espiral de inconformidad y de desconfianza social que preparan el caldo de cultivo de violencias que avanzan en espiral.
Aunque es evidente que la violencia contra las mujeres no tiene las mismas causas inmediatas que, la violencia observada en los conflictos agrarios o en los electorales, o aquella que surge en las luchas contra megaproyectos o en las diversas protestas que despliegan otros sujetos, es posible identificar elementos comunes o transversales en el contexto de conflictividad actual.
Rompimiento del tejido social.
Hoy nos encontramos comunidades enfrentadas y dividas, y en algunos casos esta conflictividad se ha vuelto violenta.
Estas dinámicas se asocian a la ruptura del tejido social comunitario, de las estructuras de toma de decisiones, y de los espacios de deliberación comunitaria y de recreación de los colectivos.
Se ha constatado que las comunidades o pueblos que han perdido sus asambleas, el sistema de cargos, y/o los espacios de participación, son más vulnerables frente a los shocks externos.
En términos generales es posible afirmar que el incremento en los índices de violencia da cuenta de la disminución de los espacios en los que es posible la construcción de acuerdos en torno a los conflictos. Esto implica que las partes están cada vez menos dispuestas a hacer concesiones a los adversarios, es decir, apuestan cada vez más a lograr sus objetivos a cualquier costo, sin considerar la posibilidad de someterlos a discusión para encontrar salidas negociadas, no violentas.
Esto puede leerse desde la errática consideración de que es preciso suprimir al adversario a partir de la negación de la legitimidad de sus intereses, es decir, de la exclusión de todo aquello que no sean las propias concepciones y los propios intereses de cada sujeto.
Según lo anterior, estamos viendo conflictos en los que se genera la percepción de que los adversarios son una amenaza grave y latente, y de que de no hacer algo que los aniquile, terminarían causando daños.
Además, parece que se percibe o está arraigada la percepción de la debilidad del gobierno y de la Ley, su ineficacia y su corrupción; de modo que hay una lógica autodefensiva creciente. Algo de esto está en algunos conflictos agrario-limítrofes marcados por la violencia o en el aparentemente irresoluble conflicto en la zona Triqui.
En el panorama oaxaqueño actual aparece la debilidad de lo estatal y la percepción de riesgo y de daño entre sectores de población. Se incentiva la agrupación, el refuerzo de la coalición defensiva, pero en contextos de debilidad institucional esto está generando violencias.
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La ruta actual es insostenible y no hay signos de que las cosas puedan retomar un curso pacífico sin el concurso de distintos esfuerzos. Antes bien, existen signos de que el conflicto y las violencias están formando circuitos de retroalimentación y de agravamiento.
Un ejemplo en este sentido lo ofrece el hecho de que el crimen organizado se está implantando en el territorio estatal.
Las organizaciones criminales han crecido de manera exponencial diversificando sus prácticas ilícitas, no sólo con la siembra y venta de drogas, sino también con la trata de personas, los feminicidios, las extorsiones, los secuestros, y otros ilícitos. Se habla incluso de que se controla el precio de productos como el limón, el aguacate, entre otros.
Es necesario que las distintas partes interesadas se cuestionen acerca de las determinaciones sociales de la violencia, y específicamente el por qué diversos sujetos, con intereses, motivaciones, horizontes de lucha y repertorios de acción tan diversos están hallando en la violencia una forma frecuente de expresarse y/o de buscar sus objetivos. La reflexión feminista, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la existencia de una estructura de relaciones que determina las expresiones de violencia hacia las mujeres hasta llegar al feminicidio.
El orden estatal, entendido como la posibilidad de organizar la convivencia de sujetos que se encuentran en relaciones asimétricas, parece constituir cada vez menos una verdadera alternativa para evitar que los conflictos constitutivos de las relaciones sociales se desplieguen de manera descarnada.
Cualquier indagación acerca de las causas de la conflictividad y el crecimiento de las expresiones de violencia a ella asociadas no puede evitar mirar más allá de los fenómenos mismos. En particular, el problema de la pérdida de legitimidad del Estado como resultado de su incapacidad o del franco abandono de sus responsabilidades en términos de garantizar la protección de ciertos derechos a los grupos subalternos.
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Es necesario avanzar hacia la pacificación del estado abriendo vías de diálogo.
No todo está perdido. Ante el deterioro de la vida social en Oaxaca, existen personas con deseos, disposiciones, propuestas e historias que, verificadas en el presente, mantienen una esperanza frente al futuro.
Comunidades y pueblos que todavía mantienen su régimen social de la tierra y territorio; fortalecen su identidad a través de la vigencia de sus lenguas; fortalecen sus economías locales a partir proyectos comunitarios; consolidan espacios de participación efectiva de las mujeres y las(os) jóvenes. Ante la pandemia del COVID la medicina natural o tradicional fue una alternativa, por ejemplo. Del mismo modo, siguen sembrando sus alimentos como una vía de fortalecimiento económico. Construyen propuestas educativas que surgen de sus realidades y necesidades, y siguen caminando en la construcción de las autonomías.
Más información sobre el Grupo de Trabajo: Espacio para el análisis y actuación ante la conflictividad en Oaxaca. Cultura de Paz.
Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.
Dr. Heriberto Ruiz Ponce, Director Instituto IISUABJO
Mtra. Leticia Cruz López, Coordinadora del Programa Institucional de Cultura de Paz IISUABJO. PICUPAZ UABJO
- Av. Universidad S/N, col. Cinco Señores, Oaxaca 68120 y Calle de Murguía 308, centro Histórico de Oaxaca.
- Teléfonos 57 2 58 71 / 57 258 72
Correo electrónico: cultura.paz@iisuabjo.edu.mx
Página web: http://web.iisuabjo.edu.mx/
https://culturapaz.iisuabjo.edu.mx/#
https://www.facebook.com/Programa-de-Cultura-de-Paz-UABJO-102997471935655
https://culturapaz.iisuabjo.edu.mx/oaxaca-2022-reclamos-de-justicia-y-paz/
Grupo de trabajo: Espacio para el análisis y actuación ante la conflictividad en Oaxaca. Cultura de Paz.
Espacio para el análisis y actuación ante la conflictividad en Oaxaca. Cultura de Paz:
- Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca -IISUABJO-
- Programa Institucional de Cultura de Paz IISUABJO -PICUPAZ UABJO
- Servicios y Asesoría para la Paz -SERAPAZ-A.C.
- Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales -LAOMS- dependiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
- Grupo de Estudios de la Mujer “Rosario Castellanos” -GESMujer- A.C.
- Servicios para una Educación Alternativa -EDUCA -A.C.
- Observatorio de la Conflictividad Social en el Pacífico Sur -OCSPSur-
[1] Dato actualizado al 18 de abril de 2022. El Monitoreo de Violencia Feminicida en Oaxaca se basa en el registro de casos de muertes violentas de niñas y mujeres que aparecen en diarios impresos y digitales.
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