El clientelismo es una relación social colectiva sustentada en lazos políticos de grupos sociales u organizaciones —que muestran influencia o predominio político-territorial en ámbitos urbanos o rururbanos—, con funcionarios públicos o líderes partidarios, a través de intermediarios que usualmente los lideran. Estos lazos están respaldados en acuerdos para intercambiar gestión gubernamental que provea bienes o servicios públicos a cambio de votos o apoyo político. El clientelismo se caracteriza por vínculos en dos niveles. Primero, entre un intermediario y el grupo u organización que encabeza, marcado por lazos personales densos —salpicados por las desigualdades de género (Tapia 2022)— basados en elementos de confianza, amistad, deuda y reciprocidad entablados a través del tiempo (Pérez y Luján 2018; Mueller y Gougobane 2026). Estos elementos pueden impulsar apoyo colectivo al líder o representante del grupo u organización para que ascienda social, económica y políticamente mediante la obtención de un cargo en la administración pública, o una candidatura de elección popular como reconocimiento a su desempeño y, concomitantemente, ampliar las posibilidades de que pueda entablar acuerdos que incrementen los beneficios para el grupo que lo apoya. Segundo, entre el líder-intermediario y el patrón (funcionario público, dirigente partidario, o representante legislativo) basado en la lealtad subordinada o jerárquica directa que no depende de la adhesión o lealtad grupal hacia el patrón, y se expresa como apoyo político del intermediario a través de los integrantes del grupo que han depositado en él su lealtad y confianza (Holzner 2023; Guillén y Ortega 2021; Gisselquist, Niño-Zarazúa y Sen 2024).
Los dos niveles son útiles para profundizar el análisis del clientelismo no solamente como la transacción específica de bienes a cambio de apoyo político —como la perciben Combes (2011) y Schröter (2010)—, sino como relación con lazos personalizables de conducta/adhesión envueltos en expectativas y rodeados de elementos morales de gratitud, deuda o lealtad. Así, por un lado, los intercambios se reciben como “apoyos”, en forma de bienes o servicios, como reconocimiento a lealtad y pertenencia; y, por otro, como trabajo proselitista y presencia política para impulsar al intermediario o al patrón. Además, permiten esclarecer una relación asimétrica sustentada en la dependencia (Jiménez et al. 2019; Zapata 2016), la jerarquía y la mediación que reproduce procesos de desigualdad social y política para definir las características del ejercicio del poder político (social, partidario y gubernamental) en diversos ámbitos territoriales (barrios, colonias, municipios o alcaldías, por ejemplo). Esta relación incluye elementos institucionales y culturales que sustentan la consolidación y reproducción de la estructura política predominante y la dinámica que ésta imprime a los procesos político-electorales (Ortiz 2016; Ortega, Almaza y Cobilt 2023; Freidenberg 2017).
Para explicar la persistencia del clientelismo es necesario ahondar en lo “realmente importante para los involucrados” (Auyero y Lauren 2007) en el marco de reglas e instituciones sociopolíticas y culturales que lo contextualizan y reproducen (Ramos 2019). Esto implica abandonar las perspectivas normativo-prescriptivas que lo catalogan como predemocrático, no democrático o antidemocrático (Graham, Larreguy y Querubín 2026; Sarkar 2018; Gutiérrez, Echeverria y González 2022; Villarruel y Castellanos 2024; Bahur y Charron 2025); que aseguran que sostiene el autoritarismo (Alarcón e Hidalgo 2023); que “ahoga” la política (Mantilla 2013); que lo presentan como el “lado oscuro” del capital social (García 2021); que lo definen como expresión de la debilidad o debilitador de la capacidad administrativa del Estado (L de la O 2023; Pantín y Rama 2018; Hernández et al. 2024; Tarapues 2012; Aguirre 2013); y que lo explican como producto de la carencia de rendición de cuentas (Palacios-Luna y Dermachi-Sánchez 2022). Estas perspectivas limitan el clientelismo a los aspectos formales o axiológicos del sistema político cuando se requiere de una explicación basada en valores, normas y reciprocidad en un contexto de relaciones socioeconómicas vividas por los sujetos que participan de ellas (Maneiro 2018; Aranda y Chávez 2025; Landini 2012). Asimismo, es necesario mostrar su importancia al enlazar la administración estatal y las demandas sociales (Majid y Shami 2023; Gurza Lavalle y Zaremberg 2014), así como el funcionamiento de las relaciones político-electorales (Frye, Reuter y Szakonyi 2019; Szwarcberg 2010).
En pocas palabras, la definición del clientelismo requiere mostrar su capacidad hermenéutica para desbrozar analíticamente los procesos sociales a los cuales aduce, mismos sobre los que el autor ha realizado múltiples estudios en Ciudad de México (Tejera 2003, 2015, 2016a, 2016b).[1]
Dimensiones y precisiones analíticas
Las relaciones clientelares pueden ser diferenciadas en su expresión como clientelismo directo, que refiere a las entabladas en el primer nivel antes descrito (cliente-intermediario), y clientelismo indirecto o de segundo nivel, ubicadas en la relación intermediario-patrón, donde no está presente una conexión basada en elementos de carácter afectivo, sino sustentada en un vínculo de lealtad y subordinación con el patrón basado en expectativas mutuas por obtener beneficios con base en acuerdos previos. Ambos niveles son complementarios y se retroalimentan.
Aunque hay cierta tendencia en la literatura a delimitar la relación clientelar a la compra de votos (Langston 2025; Lindberg, Lo Bue y Sen 2021; Lindberg, Lo Bue y Sen 2022; Dosek y Pozada 2025; Serra 2017) o la compra de los medios de comunicación por parte del gobierno (Nieto 2023; Salazar 2018), las relaciones clientelares son más complejas que las transaccionales. Aun cuando ambas pueden entretejerse en los procesos electorales, no deben confundirse analíticamente puesto que las transaccionales están acotadas a relaciones subjetivas de equivalencia de valor en el ciclo “votos por recursos”. Lo interesante de ellas estriba en las estrategias empleadas para valorizar efectivamente el recurso otorgado (dinero, materiales, tarjetas de adhesión, entre otros); sobre todo, cuando quienes los confieren buscan garantizar que la ciudadanía se comporte electoralmente bajo el acuerdo establecido. Además, su eficacia depende de su capacidad de vigilancia y de sobreponerse a las lealtades o convicciones políticas (en caso de que existan) de los votantes (Dosek 2023). Explicar el comportamiento electoral, así sea de un sector de la población, mediante el contenido transaccional del intercambio voto/dinero, impide ahondar en el carácter multicausal del comportamiento electoral y la capacidad de abordar cómo se configura la gobernabilidad en los espacios urbanos.
No todas las relaciones políticas están atravesadas por la acción de redes político- clientelares.[2] Sin embargo, en las zonas con bajo índice de desarrollo social marcadas por diversos tipos de pobreza, la presencia de emprendedores políticos que buscan actuar como intermediarios encabezando liderazgos acotados —como ser líder de una cuadra o de algunas calles de una colonia para de ahí, si tienen suerte, llegar a obtener un puesto como “burócrata de calle” de una alcaldía— ha sido una constante en los más de treinta años en que hemos realizado trabajo etnográfico en la zona metropolitana de Ciudad de México (Tejera 2003, 2015, 2019).
Referencias
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Cómo citar
Tejera Gaona, Héctor. 2026. “Clientelismo”. Léxico de la Protesta. Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales. Disponible en <https://laoms.org/lexico-protesta/clientelismo>
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[1] Se ha estudiado la capital del país porque ésta, como precisa Alvarado (2012), concentra los procesos políticos, económicos y sociales de mayor complejidad, donde conviven las administraciones local y federal, y donde, a contracorriente de la mayoría del país, gobernó la izquierda desde 1997 hasta el triunfo presidencial de Morena en 2018, cuestión que se explica no sólo por afinidad ideológica sino por la acción de redes político-clientelares (Tejera y Rodríguez 2012; Tejera y Castañeda 2017).
[2] Entendemos a las redes político-clientelares como las organizaciones sociales con capacidad para influir electoralmente en territorios específicos y que, a cambio de su apoyo político, reciben bienes o servicios mediante la intermediación de sus líderes ante el gobierno o los partidos políticos.
